Hay en nuestro país un colectivo que sin duda está sufriendo la crisis económica más que nadie. Me refiero a aquellos de los que todo el mundo habla, pero parece que nadie escucha: las personas en paro. España tiene ya tantos parados como Francia y Canadá juntas (países que suman cien millones de habitantes). 4.400.000 personas, 43.000 de ellas en Navarra, que están a la espera de un acuerdo para la reforma laboral en el que no tiene ni voz ni voto.
La Constitución Española, en los artículos 7 y 28 recoge el derecho a la libertad sindical y ha permitido a los sindicatos ser una fuerza muy valiosa en la configuración de un Estado del bienestar como el nuestro. Pero creo que no debemos tener miedo a decir que, en algunas ocasiones, la propia configuración de los sindicatos lleva a que no defiendan de manera adecuada lo que deberían defender. Y me explico.
Los dos sindicatos mayoritarios en España, CC.OO. y UGT cuentan con 1.200.000 y 890.000 afiliados respectivamente. De entre todos los delegados sindicales de estas organizaciones, no hay ni uno sólo que represente los intereses de los desempleados. Las personas en paro pueden afiliarse si así lo quieren pero sabiendo que lo único que harán será pagar la cuota correspondiente.
Más dramática todavía es la situación de los jóvenes desempleados, a los que los sindicatos son incapaces de representar. Casi el 35% de los jóvenes de entre 15 y 24 años están en paro en España y, permítanme, tengo serias dudas de que la estructura organizativa de los sindicatos sea la adecuada para canalizar las inquietudes de este colectivo. La creación de un "sindicato de parados" es una posibilidad que la propia Constitución Española no prevé, pero cada vez surgen más voces que no se sienten representados por los sindicatos, voces de parados que ven como todo el mundo habla de ellos menos ellos mismos.
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